La Asamblea Nacional dio inicio este miércoles al proceso de consulta pública para la reforma parcial de la Ley contra el Odio, que pasará a ser la Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia; esto con una jornada realizada en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en Caracas, que reunió a integrantes del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, para revisar y generar propuestas sobre el contenido de la normativa.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, explicó a los presentes que la propuesta de reforma busca ajustar la Ley a las condiciones actuales del país, diferentes a las que dieron origen a la ley aprobada en 2017. “Hoy, 2026, estamos en otro contexto, en un momento distinto, en un momento nuevo para el país”.
El legislador indicó que el principal cambio planteado en la reforma está relacionado con el enfoque de la Ley. “La orientación principal de la proponente, la presidenta Delcy Rodríguez, es revisar el enfoque. Tenemos que explicar con valentía y con muchos argumentos que es necesario transformar esa ley, es necesario que cambie. Pasar de ser una ley punitiva a una ley que prevenga y que eduque. Quitar los tipos penales para sustituirlos por sanciones administrativas con carácter pedagógico, que incluyan multas y trabajo comunitario”, subrayó.
Infante resaltó el carácter participativo del proceso de debate. “Tenemos el compromiso de que esta consulta sea muy amplia, escuchar lo que la gente nos quiera decir y podamos hacer los aportes necesarios para la reforma de esta ley”, expresó.
El diputado Jorge Arreaza sostuvo que la reforma de la Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia representa una oportunidad para avanzar hacia mecanismos de convivencia que prioricen la educación y el trabajo comunitario por encima de las sanciones de prisión.
El parlamentario se refirió a las personas que utilizan las redes sociales digitales para difundir expresiones de odio, una situación que aseguró haber experimentado directamente. “Me gustaría que hubiese una manera de que esa persona que manifiesta odio se resarza, se disculpe, haga trabajo voluntario, sea sancionado de alguna manera que no implique la pena de prisión. Yo creo que podemos construir un camino que evite una pena corporal y que ayude a construir caminos para encontrarnos”, afirmó.
Arreaza consideró que el país atraviesa un momento apropiado para fortalecer una cultura con base en la tolerancia y el respeto mutuo. Citando a Martin Luther King, recordó que “he decidido quedarme con el amor; el odio es una carga demasiado pesada para soportarlo Y yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que el país ha soportado esta carga durante demasiado tiempo”, reflexión que vinculó con la historia política venezolana desde la guerra de Independencia y los distintos ciclos de confrontación vividos recientemente en Venezuela.
Igualmente, Jorge Arreaza, quien es también rector de la Universidad Nacional de las Comunas (Unacom), señaló que esta ley con énfasis pedagógico podría ayudar a la construcción de una sociedad más cohesionada: “Muchas heridas están sanando. Yo creo que hemos superado, o al menos muchos venezolanos y venezolanas han superado y quieren superar los momentos de confrontación. Yo pienso que esta es una gran oportunidad”.
El diputado Jorge Arreaza comentó que gran parte del contenido actual de esta ley está orientado a la promoción de valores asociados al “derecho a la paz, la corresponsabilidad y la promoción de la paz, la formación para la convivencia pacífica, la promoción de educación para la cultura y valores de paz y tolerancia”.
Arreaza acotó que el centro de la polémica se encuentra en cuatro artículos que establecen sanciones penales, los cuales, a su consideración, ameritan una revisión. “Las penas que se aplicaron en cuatro artículos de los 25 artículos de la ley lucen excesivas, incluso si se aplicaba la ley de manera correcta. Ahí es donde está el corazón de la polémica”, afirmó.
En tal sentido, consideró que la discusión no debe centrarse en la derogación total del instrumento legal, como algunos sectores solicitan. “Nada más intervenir esos artículos tiene efecto derogatorio. Una ley se puede derogar toda, por supuesto, y se pueden derogar disposiciones de la ley. Al final creo que es un falso dilema derogarla o no derogarla completa”, opinó.
Arreaza declaró que la discusión ha incorporado referencias internacionales utilizadas para evaluar discursos de odio. Describió el Plan de Acción de Rabat, impulsado en el sistema de Naciones Unidas (ONU). “Hay seis criterios que son bastante claros, que hay que analizar para determinar la gravedad de un llamado al odio. El contexto social y político, porque sin ese contexto hay grupos que se ven en riesgo o amenazados por un discurso en particular”, dijo.
El asambleísta indicó que entre los elementos se encuentran la posición pública de quien emite el mensaje, la intención de incitar al odio, el contenido y la forma del discurso, así como su alcance. “No es lo mismo que sea un señor en una esquina que un líder político o una personalidad empresarial. Hay que evaluar bien si la intención del orador fue incitar al odio, si el contenido fue hostil, cuán grave fue lo que se dijo, si fue un mensaje velado o un mensaje directo”, dijo.
Arreaza agregó que también debe analizarse el impacto potencial del discurso en el espacio de comunicación. “No es lo mismo decir algo en una reunión o decir algo en la radio o en la televisión”, puntualizó.
Durante la actividad fueron presentados los aportes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia creada por la presidenta Delcy Rodríguez para promover espacios de encuentro entre los diversos sectores de la sociedad venezolana.
Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, expuso que esta iniciativa está integrada por 14 venezolanos con distintas posiciones políticas que, desde el pasado 23 de enero, han sostenido un amplio proceso de consulta. “Hemos tenido casi mil horas de reuniones con diversos sectores de la sociedad venezolana”, señaló.
Sanjuán apuntó que los encuentros realizados con organizaciones de derechos humanos, iglesias, medios de comunicación, economistas y partidos políticos permitieron identificar desafíos comunes. “Hemos constatado que tenemos un problema de heridas transversales en la sociedad venezolana. El sufrimiento, la sensación de pérdida y la sensación de agravio están en todos los sectores de la sociedad venezolana, no solamente en la oposición, no solamente en el Gobierno”, señaló.
La titular de Educación Universitaria enfatizó que los estudios y las consultas desarrollados por el programa, muestran una aspiración colectiva de superar la confrontación política. “La sociedad venezolana quiere pasar la página de la confrontación, quiere pasar la página del conflicto para tener una posibilidad real de una construcción colectiva”, manifestó.
T/EntreComunes
