“Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera.” / Jean Paul Sartre
Leo a algunos opositores (no los he contado, por eso no diré “muchos”) exigiendo a todo gañote- derogar la Ley contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia, que así se llama la polémica norma legal.
La respuesta se ha dado a raíz del llamado que la presidenta encargada @delcyrodriguezv ha hecho a la Asamblea Nacional para reformar dicha ley planteando como eje principal “la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento”. El tema ha surgido como propuesta de las amplias consultas realizadas en todo el país por el Programa de Paz y Convivencia Democrática y por supuesto se ha trasladado a la Mesa Diálogo que se desarrolla entre el Gobierno y un sector de la oposición.
Quienes gritan desde sus pretendidas atalayas morales y acusan a este instrumento jurídico de todos los males, atropellos e injusticias (reales o fingidas) de estos últimos años, evaden mencionar que el debate sobre el odio se inició con las guarimbas de 2014 y se aceleró tras las mucho más violentas acciones vandálicas de 2017.
Entre ambas acciones, inconstitucionales y terriblemente violentas, murieron más de doscientas personas y más de mil resultaron heridas. Fueron asesinadas en la calle, en autobuses, personas que iban rumbo a su trabajo o a su casa. El clímax de esta orgía de odio fue el linchamiento (tras ser quemado vivo) de un ciudadano venezolano en una plaza de “gente de bien” porque tenía una franela roja, era afrodescendiente y tenía “aspecto de chavista”.
Es cierto también que estas acciones en ocasiones fueron respondidas con un exceso de fuerza por parte de funcionarios de los organismos de seguridad y del sistema judicial. Que también sufrieron encarcelamiento, y también murieron protestantes y personas que no deberían haber fallecido; y que luego, por una suerte de reflejo político defensivo que no voy a justificar, se generó un clima de sospecha hacia toda protesta (un derecho constitucional) derivando en atropellos policiales y judiciales.
Así que la discusión sobre el odio no se puede dar en el aire, mutilando la historia; y sí, hay que dar el debate reconociendo las responsabilidades políticas compartidas. Incluyendo las de algunos dispositivos institucionales que no debieron nunca responder a la ilegalidad y a la actitud delictiva de algunos, con una conducta ilegal, e igualmente delictiva, del Estado. Reconociendo también la responsabilidad de los medios de información y de los grandes sistemas tecnológicos que controlan la conversación social. La culpa no es sólo de la vaca-ley. La responsabilidad es también de quienes la alimentan.
Todo esto debemos reconocerlo si de verdad queremos recuperar la convivencia y afianzar la paz, que se alcanzó precisamente con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, y que puso fin (ojalá que para siempre) a la nefasta experiencia de las guarimbas. La Constituyente fue una salida a “La salida”, una salida a la violencia. Parafraseando lo que dijese hace algunos días la Presidenta Rodríguez en la ONU, las elecciones en democracia deben ser soluciones a los conflictos, o al menos parte de la solución a los conflictos, y no el inicio de un nuevo conflicto.
Hay otro aspecto que esta crítica -a veces cínica- olvida. La idea de legislar contra el odio no es un invento criollo, como la arepa. Ha sido un debate constante en el mundo en lo que va de siglo XXI. Y hoy países como Alemania, Brasil,
Reino Unido, Francia, España, Australia, Canadá, Sudáfrica -entre otros- poseen instrumentos similares. Y cada país la adapta a sus problemas y su realidad concreta.
La critica a rajatabla de un instrumento legal que reitero – posee deficiencias y excesos que atentan contra su propio objetivo- y que surgió en un momento singular de nuestro devenir político, debe encontrarse con la necesidad que le dio origen y que forma parte de su apellido: promover la convivencia democrática y la tolerancia.
En lo personal, no me gusta el nombre de la ley. Empezaría por cambiárselo. Que el objetivo que declare sea promover la paz y las formas democráticas de convivencia, que siempre tienen como contrapartida una responsabilidad, y no por declararse “en contra” de algo. No se combate el odio, fenómeno globalizado y algoritmizado, invocándolo. Aunque sea para negarlo. Las palabras tienen poder y ese poder debe postular lo que se quiere construir más que lo que se pretende corregir.
Pero lo que no debería hacerse, y hay que evidenciar, es la actitud fariseica de algunos que sistemáticamente -y de forma contumaz- fueron promotores del odio, de la violencia, de la división del pueblo venezolano, y que hoy se disfrazan de demócratas impenitentes.
Y que no se nos olvide también que en este tema los medios de comunicación tienen algo que reflexionar junto a la almohada.
T | William Castillo/Viceministro para Políticas Antibloqueo
